La extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que se halla en su territorio, a otro Estado, que la reclama por tener ahí el carácter de inculpada, procesada o sentenciada por la comisión de un delito a fin de que sea sometida a juicio, o bien, recluida para cumplir con una pena.
No obstante, deben concurrir varios elementos para que esta acción sea efectiva; a saber:
- Debe tratarse de un delito de importancia y de naturaleza no política.
- No se puede imponer una pena por hechos distintos por los que la persona en cuestión fue extraditada.
- La forma y procedimiento de la extradición queda sujeta a la ley nacional.
- Debe tratarse de personas extraditables.
- El extraditado puede formular reclamaciones ante la autoridad judicial del estado solicitante.
Significa ellos que para concederla no basta la petición del Estado solicitante, ya que la extradición debe ser autorizada por el Estado requerido, en razón del cumplimiento de ciertas disposiciones legales y, en su caso, en atención a las condiciones pactadas en los tratados o convenios internacionales.
Por otra parte, para que pueda pedirse o proponerse la extradición, será requisito necesario que se haya dictado en el país solicitante, por jurisdicción competente, auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra el acusado al que se refiera el proceso en curso.
La Extradición en el entorno europeo
Al respecto de la materia, en el ámbito de la Unión Europea se creó la denominada orden de detención y entrega europea como primer instrumento jurídico de la Unión en el que se hace aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, agilizando con ello el proceso de extradición dentro de la UE.
La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea cuya finalidad es la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el enjuiciamiento o para el cumplimiento de condena.
Este sistema se aplica a partir del día 1 de enero de 2004 respecto a aquellos Estados que han incorporado la Decisión marco a su ordenamiento interno (España, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Austria, Chipre, Hungría, Eslovenia, Polonia, Lituania, Países Bajos, Malta, Letonia, Estonia, Grecia, Eslovaquia, Alemania, República Checa e Italia).
Representación legal
A consecuencia de una solicitud de extradición, la persona requerida a menudo será detenida y enviada a prisión provisional hasta su entrega a las autoridades extranjeras.
Entonces, ¿cómo actuar en caso de una solicitud de extradición? Pues resulta claro que la primera decisión será cómo elegir a un buen abogado penalista en materia de extradiciones. Lo ideal es que este abogado cuente con amplio dominio en materias como el Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, lo que presupone un conocimientos a profundidad, tanto de los Tratados Internacionales en esta materia, como de las legislaciones de los países que son parte en el proceso de extradición: es decir, el país requirente y el país requerido.
Los aspectos a valorar por el representante legal con vistas a girarán en torno a las causales de inadmisibilidad usualmente aceptadas en casos de extradición. Esta es improcedente cuando:
- El Estado solicitante no tuviera jurisdicción o competencia para juzgar el delito;
- El extraditado ya hubiera sido absuelto, condenado, indultado o amnistiado;
- El delito hubiera prescrito;
- La pena conminada fuere inferior a un año de prisión;
- El hecho fuere considerado una infracción política (no considerándose como tales los actos de terrorismo; los crímenes contra la Humanidad previstos por el Convenio para la prevención y penalización del crimen de genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia) o conexa a ella, o si se tratare de una persecución por móviles políticos, de raza, religión y nacionalidad.
Trámite extradicional por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Las solicitudes de extradición vinculadas con el tráfico de drogas tienen el mismo tratamiento seguido con los demás delitos comunes, siempre y cuando existan tratados de cooperación bilateral o multilateral suscritos entre los Estados partes en el trámite extradicional. En caso contrario nos atendremos a criterio de reciprocidad, valorando el delito en cuestión, por el que se imputa a la persona requerida, es perseguible en ambos países. Este aspecto requiere una observación muy puntual por parte del abogado encargado del proceso, quien deberá hacer énfasis en la tipificación y gravedad de las sanciones que se apliquen al caso.
Interrupción de los procesos de extradición o la orden de detención y entrega.
En ambos casos se puede lograr una resolución que acuerde la no entrega del ciudadano reclamado. Aunque se debe ser ágil a la hora de defender ambos procedimientos, de allí la importancia de acudir al asesoramiento del mejor abogado posible.
Téngase en cuenta que, incluso concedida la extradición, la entrega no podrá realizarse si el Estado solicitante no cumple determinados requisitos, son ellos: comprometerse a respetar el principio de especialidad; a no incluir como factor de agravación de la pena un fin o motivo político, militar o religioso; a computar a favor del extraditado el tiempo de carcelería sufrida en el país que extradita; a no ser entregado a un tercer país; y, como elemento fundamental, a no aplicar la pena de muerte.
Ello conllevaría la posibilidad de solicitud de asilo por parte del extradicto, procedimiento administrativo por el cual un sujeto solicita a un estado ser aceptado en el mismo por existir un grave riesgo humano, social, político, racial, religioso… que le ha hecho salir, o abandonar su estado de origen.
En caso de que la solicitud fuere aceptada, daría con ello lugar a la obtención de múltiples derechos, entre ellos, el de trabajo y reagrupación de familiar.
Un buen abogado en materia de extradición valorará además, para la defensa del caso, no solo la práctica nacional y los trámites formales y legales de este tipo de procedimientos, sino que atenderá a los criterios marcados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien en reiteradas ocasiones ha establecido criterios a aplicar en los casos de extradición garantizando la defensa de derechos y garantías procesales del reclamado.